Existe un fármaco que puede, de forma inmediata y reversible, modificar los elementos de la personalidad del ser humano. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: los gustos, las preferencias, las percepciones, las motivaciones, las vocaciones, los ideales, entre otras.

El aceleracionismo, en teoría política y teoría social, es la idea de que el sistema actual de capitalismo debería expandirse para generar un cambio social radical. Pudiendo ser en ocasiones el elemento que produzca el colapso del sistema capitalista. A efectos de este debate los movimientos de izquierda marxista, son aquellos movimientos que buscan: la redistribución equitativa de la riqueza y la desaparición de las dinámicas de opresión consustanciales al capitalismo. Algunas de las medidas aceleracionistas propuestas por los grupos de izquierda marxista son: las huelgas super productivs, aumentar los patrones de consumo personal y familiar, favorecer la utilización de medidas económicas descentralizadas

Existen dos formas de luchar contra las drogas:

1. La reducción de daños: políticas, programas e intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias adversas provocadas por el consumo de drogas (legales o ilegales). Se basa en la implementación de medidas de salud pública que consisten en la legalización, en la inversión en centros especializados en el tratamiento de adicciones, etc.

2. Las políticas de intolerancia: medidas de lucha contra el consumo y el tráfico de forma represiva. Es conocida como la guerra contra las drogas. Consiste en una lucha frontal, a través de las fuerzas militares y policiales del Estado, que busca acabar con el tráfico ilegal de sustancias.

El modelo funcionarial francés es aquel en el que las personas que trabajan en el sector público, lo hacen en calidad de funcionarios, es decir, empleados públicos que acceden a las plazas por oposiciones/concursos y obtienen el derecho a plaza de forma vitalicia, salvo que lo pierdan por causa de negligencia grave. El modelo funcionarial inglés es aquel en el que los empleados públicos tienen un régimen de contrato laboral, como los empleados en el sector privado, es decir, son contratados y pueden ser despedidos según el derecho laboral privado. Este modelo afecta a profesores, médicos, fiscales y otros empleados de las administraciones públicas, pero no a cargos discrecionales (p.e. ministros).